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Colombia Avanza en el respeto y garantía de los derechos humanos

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OP-Cancillería
Ginebra (Suiza)
10 Mayo 2018

Colombia asiste a este Examen Periódico Universal con una profunda convicción sobre la importancia del mecanismo como ejercicio constructivo y de cooperación entre naciones para fortalecer el marco de protección de los derechos humanos de todas las personas.

“Como Estado reconocemos que la firma del Acuerdo no es la paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La comunidad internacional ha reconocido el valor del Acuerdo al ir más allá de la dejación de las armas y la reincorporación de los excombatientes y promover un gran proyecto de país, más democrático e incluyente”, aseguró el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

El 2017 fue el año con la tasa de homicidios más baja de los últimos 42 años, permitiendo salvar 3.000 vidas; el reclutamiento de menores, el secuestro, la desaparición y el número de personas desplazadas han disminuido considerablemente. El desminado humanitario permitió una reducción de más del 95% en el número de afectados en los últimos diez años. Hoy, la tercera parte de los municipios con sospecha de minas han sido declarados libres de sospecha de minas, y seguimos trabajando en 232 municipios más, beneficiando así a dos millones de personas.

El compromiso de Colombia con las víctimas del conflicto armado empezó antes de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, y hoy continúa a través de la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

“Un Estado comprometido con los derechos humanos es un Estado que reconoce las voces y visiones de los diferentes sectores y movimientos que defienden los derechos humanos. Por ello el Acuerdo Final de Paz, además de tener un enfoque en derechos humanos, contempla históricas luchas y reivindicaciones de organizaciones y movimientos sociales”, afirmó la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria.

La puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha llegado a todo el territorio nacional, ha significado un gran avance en la garantía de los derechos de las víctimas. Tres millones de víctimas han recibido alguna medida de reparación, 4 millones de desplazados han sido atendidos con ayuda humanitaria y cientos de comunidades y colectivos adelantan procesos de reparación. En materia de restitución, 300.000 hectáreas de tierra han sido devueltas a sus legítimos dueños.

Para garantizar la promoción y protección de derechos de los campesinos, así como la seguridad alimentaria del país, el gobierno ha invertido más de 1.8 billones de dólares, en procesos de formalización y restitución, en construcción y entrega de 140 mil viviendas rurales y en la implementación de Proyectos y Alianzas Productivas para la Paz.

La situación de los niños víctimas del conflicto fue un eje central en las negociaciones. Fue la primera vez que, en el marco de un proceso de paz, se generaron acuerdos respecto de la salida y atención de los menores de edad de un grupo armado ilegal.

Colombia también ha avanzado en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, aunque persisten desafíos. En los últimos 7 años, más de 5 millones de personas salieron de la pobreza, producto de las políticas, estrategias y programas implementados. El fin de la pobreza es la primera meta fijada por el Estado para el cumplimiento de la Agenda 2030.

En educación, hemos establecido la gratuidad en las instituciones educativas públicas, beneficiado a 8 millones de estudiantes. Adicionalmente, la cobertura en educación superior ha crecido. Pasamos de 37% en 2010 a 53% en 2017. En salud, alcanzamos una cobertura en afiliación del 95%. Por otro lado, para mejorar la calidad de vida de los colombianos, se han construido 1.500.000 viviendas, la mitad de ellas han sido entregas de manera gratuita o subsidiadas.

Según el ministro Rivera, las agresiones en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos son uno de los mayores desafíos. “Manifiesto nuestro absoluto rechazo a todo tipo de violencia en contra del ejercicio de su labor, y reconocemos su trabajo como elemento fundamental en el fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho”, afirmó.

Para responder a esta situación, el Gobierno está trabajando coordinadamente con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación en la consolidación de la política pública basada en la prevención y la protección. Además, hoy el país cuenta con un renovado Sistema de alertas tempranas en el territorio, se fortaleció la protección colectiva a través de una ruta especial y se estableció el Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en las áreas del país en donde más se necesitan.

La delegación también se refirió a la investigación y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos, tema sobre el que ha recibido distintas recomendaciones. Durante los últimos años, Colombia ha registrado importantes avances, mediante la puesta en marcha de modelos de investigación y priorización de casos. Además, la delegación insistió en que el Estado colombiano seguirá avanzando en la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables.

“Para el Estado colombiano, la cooperación y el acompañamiento internacional han sido fundamentales en la consecución de esos avances y la superación de los retos. No desfalleceremos en continuar trabajando por las poblaciones más vulnerables y en nuestro deber de garantizar la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y campesinos. El compromiso de Colombia es la consolidación de un Estado garante de los derechos humanos, a través de la institucional con la que contamos, la cual se ha visto fortalecida con la puesta en marcha de la implementación del Acuerdo de Paz. Nuestro compromiso inquebrantable es alcanzar una paz con derechos humanos”, agregó el ministro Rivera.

Autor: 
Sala de Prensa
Dirección de Derechos Humanos
Ministro

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